En la tarde noche de ayer jueves, la Asociación de Mujeres Empresarias de Úbeda LIDERA, Asociación del Donadio y Asamblea Feminista 8M de Úbeda y Comarca convocaron a los medios de comunicación para denunciar la inacción de la justicia hacia Ana, una madre ciudadana de Úbeda, quién teniendo la custodia de sus hijos menores, lleva sin verlos y convivir con ellos tres años y medio. Mujer que ha sufrido violencia machista, y violencia vicaria, arrebatándole sus derechos y sobre todo la protección de sus hijos. 

El caso de Ana no es como el de otros muchos padres. Se trata de una pesadilla que comenzó en 2020, en plena pandemia, cuando su pareja se llevó a sus hijos (que contaban con 9 y 10 años) a Barcelona, momento desde el cual no sabe nada de sus hijos.

Tras diversas denuncias en los tribunales, Ana ha conseguido que su ex-pareja sea declarada como secuestrador de los menores (que ahora tienen 14 y 15 años respectivamente), pero, y ahí es donde Ana pone el acento, ningún juzgado ha posibilitado que se le devuelva a sus hijos, a pesar de tener la custodia.

Esta es lo que estas plataformas y la propia madre quieren denunciar, la inacción de la justicia que le está impidiendo disfrutar de sus hijos, verlos crecer…

Ana, con la sentencias entre las manos, afirma a los medios allí congregados, que está probado, y asimismo aparece en los diferentes autos, que ella y sus hijos han padecido violencia por parte del padre de los menores, por ello exige a la justicia que haga todo lo posible para que se le devuelva a sus hijos porque, como afirma, están conviviendo con un maltratador condenado.

Por su parte Luisa López Garzón, de la Asamblea Feminista 8M de Úbeda, expresa su indignación por que Ana lleva tres años y medio sin ver a sus hijos, está separada y tiene la custodia de los mismos, como así demuestran los siguientes autos:

27 de septiembre de 2019 se dictan medidas de protección para Ana, por violencia de género—dictadas por un juez—pero no así para sus hijos menores, que en aquellos días, tenían 9 y 10 años.

La Ley Orgánica 8 de 2021 del 4 de julio de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia que llegó tarde para estos dos menores y es que como subrayó López Garzón, “el tiempo medio hasta que una mujer denuncia es de 8 años, Ana lo ha intentado todo, ha buscado ayuda psicológica para mejorar su relación, para ella, sus hijos y familia”.

Describe que los técnicos intentan intervenir pero encuentran un muro infranqueable, los daños por las actitudes de sometimiento y manipulación ya estaban hechas, a ella y a sus hijos, como concluye el Instituto de Medicina Legal, como ponen de manifiesto los resultados obtenidos de la exploración, que indican afectación psicológica, compatibles con una situación de malos tratos, fundamentalmente de tipo psicológico, producido en el ámbito familiar. En los menores afectación emocional, lo que podria  suponer una situación de riesgo para su correcto desarrollo.

«Tres años y medio en los que Ana no ha dejado de luchar y pelear, siempre por la via legal. Hace apenas año y medio en una sentencia judicial, se ordena la devolución de sus hijos pero no se ha ejecutado. Ayer en sede judicial, una citación, por la que debería devolverle a sus hijos pero no se ha producido ya que el progenitor no se ha presentado. Ante esto cabe preguntarse, como plantea la Asamblea Feminista 8M ¿dónde está la justicia? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo se puede escolarizar a unos menores en Cataluña, teniendo ella la custodia, sin su consentimiento? ¿Dónde queda la responsabilidad educativa, sea centro público, privado o concertado? ¿Dónde se explica que desde las fuerzas y cuerpos de seguirdad desde hace año y medio se incumpla una orden judicial.

«Un periplo que para Ana comenzó en septiembre de 2019, que ha causado un daño irreparable con el que convivirá toda su vida. Su único objetivo ha sido proteger a sus hijos y que sus daños sean reparables, que tengan una vida plena, justa e igualitaria, y que el día de mañana puedan mirar a su madre como una luchadora que no dejo ni un solo día de luchar por ellos y de protegerlos, por todo ello manifestamos nuestro apoyo a Ana y denunciamos todos y cada uno de los fallos institucionales por no actuar en beneficio  de la proyección de los menores y denunciamos la inacción de la justicia ante la violencia vicaria, denunciamos como desde los cuerpos y fuerzas de seguridad se incumplió una sentencia judicial. Sus hijos deberían estar con ella desde hace año y medio, por ello exigimos sentencia firme que realmente y proteja y beneficie a los menores».

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